50 años restañar las heridas
Un ejercicio que no hemos realizado los distintos actores políticos y sociales es sentarnos a escuchar y dialogar los posibles caminos para cerrar este capítulo, dejando de lado las divisiones.
Estos 50 años eran una oportunidad única para realizar ese ejercicio reflexivo, que desde la convivencia democrática y la unidad, sirvieran para avanzar en un encuentro genuino de los chilenos. Y en esto, la principal responsabilidad la tenía el gobierno, como conductor del Estado, en generar los espacios necesarios para que se concretara ese espíritu de concordia. Lamentablemente, al interior del oficialismo se han impuesto las visiones más extremas, coaccionadas por el Partido Comunista, con un marcado ánimo revanchista.
Actitud que también ha contagiado al Presidente de la República, quien mediante declaraciones y acciones ha contribuido a tensionar el ambiente previo al 11 de septiembre, con la consiguiente paradoja de que el propio gobierno instala ese ambiente y luego sale a decir que está «enrarecido».
Además, cuando uno observa los actos conmemorativos que está preparando el Ejecutivo para esta fecha, se aprecia claramente que están programados para instalar un enfoque refractario y unilateral del significado histórico y los alcances del quiebre institucional. En definitiva, fue el propio gobierno el que dio un portazo a la posibilidad de que estos 50 años fueran un espacio de encuentro entre los chilenos.
En cambio, las encuestas muestran que los ciudadanos ya tienen un juicio respecto a lo que sucedió previo y posteriormente a ese suceso, y que su interés hoy no está en seguir exacerbando las divisiones ni quedarse anclados en el pasado, sino que en resolver los desafíos que nos impone el Chile actual.
Cabe preguntarse entonces, ¿por qué hay un sector minoritario, encabezado por el PC, que nos quiere mantener entrampados en lo ocurrido hace medio siglo? Me aventuro a señalar que es porque no tienen nada atractivo que ofrecerle al Chile de hoy, y que ante ese vacío, optan por exprimir el único relato que le da sentido político a una ideología que fracasó en todos los rincones del planeta, y que sólo está vigente en países donde se instalaron feroces dictaduras mediante la violencia armada.
«El coraje es lo que se necesita para pararse y hablar, también es lo que se necesita para sentarse y escuchar». Esta es una de las reconocidas frases de Winston Churchill, que en el contexto de los 50 años del quiebre institucional me parece muy acertada para describir qué es lo que nos ha faltado en Chile para restañar las heridas que dejó ese difícil proceso de la historia reciente de nuestro país.
Incendios forestales: institucionalidad y sanciones
En la pasada temporada de incendios forestales 2022-2023, se quemaron en el país 430 mil hectáreas, resultaron damnificadas 7.784 personas, hubo 26 fallecidos y se destruyeron 2.527 casas. En muchos casos, hubo focos simultáneos y las zonas más afectadas fueron las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.
No se trata de una situación nueva, ya que hace varios años se vienen registrando estos mega incendios en Chile, con un daño significativo para la población y también para los ecosistemas naturales que son destruidos por intensos episodios marcados por un proceso de mega sequía que viene ocurriendo desde 2010 y que este año fue interrumpido por el fuerte aumento de lluvias en la zona centro y sur del país.
A la par con este sostenido incremento de los incendios, el Estado ha debido desplegar mayores recursos humanos y financieros para enfrentar este fenómeno, aunque su magnitud hace que los esfuerzos siempre sean insuficientes.
Lo más lamentable de todo es que cuando se revisan las causas que originan estos incendios, se observa que un alto porcentaje se debe a la acción humana de forma intencional. Según datos del Sistema de Control de Operaciones de Conaf, en la temporada pasada, el 37% de los incendios fue provocado de forma intencional, mientras que otros 16% fue por causa desconocida, pero donde también se presume intencionalidad, mientras que otro 48% se da por distintas circunstancias negligentes, como por ejemplo, la quema de desechos.
En esa línea, un aspecto importante para prevenir y evitar la ocurrencia de incendios forestales en el caso de los originados intencionalmente, es lograr identificar a los responsables, ponerlos a disposición de la justicia y otorgarles penas ejemplificadores, porque el nivel de impunidad en este ámbito es alta, considerando las dificultades que existen para identificar a los autores de estos ilícitos.
Resulta fundamental reforzar la institucionalidad del sistema de emergencias, pero también de la justicia.
En el caso de La Araucanía, por ejemplo, donde se registran ataques incendiarios durante todo el año, provocados, en muchos casos por las orgánicas radicales que operan en la Macrozona Sur, incendiando bienes públicos y privados, incluyendo escuelas, iglesias y centros de salud, existen sospechas de que grupos violentistas también aprovecharían la temporada de incendios forestales para actuar y cometer atentados.
Por lo mismo, resulta fundamental reforzar la institucionalidad del sistema de emergencias, pero también de la justicia, para que se pueda actuar con mayor eficacia en sancionar estas conductas deleznables que le significan al país pérdidas humanas y un despliegue significativo de recursos para enfrentar este problema todos los años.
La tarea no es sencilla, pero debe existir una adecuada coordinación entre todos los actores involucrados en la gestión y manejo de las emergencias, donde el Estado tiene un rol central con el apoyo del sector privado. A su vez, resulta primordial considerar penas más altas para quienes sean sorprendidos provocando incendios forestales. Es de esperar que la temporada que se está por iniciar sea menos intensa que la de años anteriores.
Ceguera ideológica frente al terrorismo
No hay evidencia más contundente de que en la Macrozona Sur de Chile existe terrorismo, que los siete mil ataques que se han registrado en esta parte del país desde 2017 a la fecha, y que como nación nos ubicamos en el lugar 17 del Indice Global de Terrorismo, superados sólo por Colombia en la región.
Sin embargo, para las actuales autoridades de gobierno, lo que hay es más bien violencia rural o común, como suelen llamarla. Es cierto que el Presidente Boric reconoció tibiamente la existencia de «actos terroristas» en su visita a La Araucanía en noviembre pasado, pero Eso no es suficiente para enfrentar este grave problema.
La pregunta natural que surge ante esta negativa de parte del oficialismo de reconocer que en la Macrozona Sur hay terrorismo es ¿por qué se niegan a admitir algo que para la gran mayoría de los chilenos y para reputados organismos internacionales es más que evidente? ¿Qué se esconde detrás de esa incapacidad para asumir este tema en su verdadera dimensión y alcance?
Una mirada benevolente podría centrarse en que las actuales autoridades de gobierno tienen miedo de referirse a la violencia que se registra en la zona como terrorismo por temor a represalias o que los atentados se incrementen ante una postura más firme del Estado en contra de las orgánicas radicales. No obstante, pensar que se debe a este motivo es más bien ingenuo, considerando que quienes están hoy en La Moneda tenían claro que deberían enfrentar este asunto previo a que asumieran sus cargos y que tendrían la responsabilidad de hacerse cargo de este.
Una parte importante de los dirigentes que hoy gobiernan tienen una profunda afinidad ideológica con las orgánicas radicales.
Porque si una persona o grupo que postula para asumir la conducción del país, lo hace con miedo, mejor que no lo haga, ya que no podrá desempeñar adecuadamente las funciones para las que son elegidos.
No descarto que algo de lo anterior puede haber, pero a mi parecer, lo que se ajusta más a la realidad de lo que ocurre y explica esta situación, es que una parte importante de los dirigentes que hoy gobiernan tienen una profunda afinidad ideológica con las orgánicas radicales y sus supuestas reivindicaciones históricas, que los lleva a ser más laxos al momento de adoptar decisiones de confrontar a estos grupos. Si hasta el propio Presidente estuvo presente en alguna oportunidad en Temucuicui, y cuando el oficialismo era oposición, muchos de sus integrantes se referían a esa zona del país como «Wallmapu».
Afinidad que queda muy en evidencia cuando uno empieza a escudriñar en declaraciones de prensa pasadas y en redes sociales de aquellos que hoy están instalados en el Palacio de gobierno, quienes desde que asumieron hace más de un año se han visto obligados a modificar su discurso obligada por las circunstancias de los hechos, pero es claro que esa afinidad se mantiene en muchos casos como una convicción, salvo que en la actualidad no lo pueden expresar públicamente.
El estado de situación no da para que el gobierno mantenga un discurso a favor de enfrentar a estos grupos radicales, pero con la firme decisión de no reconocer que son orgánicas terroristas. Mientras eso no ocurra, el problema se seguirá agravando.
Carmen Gloria Aravena,